Introducción.

El objetivo de este nuevo material que he preparado para ustedes, es transmitir la materia fiscal, desde un punto de vista integral, es decir interactuando con las demás ramas del derecho para que de una forma armónica ubiquemos al Derecho Fiscal como una parte de un todo que es el derecho, y en su caso el derecho federal común.

Marco previo.

La facultad de revisión de las autoridades fiscales y administrativas nace por mandato expreso de la Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene las normas relativas a la estructura fundamental del Estado; -según Jellinek- \"las reglas jurídicas que determinan los órganos supremos de este; su modo de creación; sus relaciones recíprocas; su competencia, y la posición de cada uno en relación con el poder estatal, provienen de ella.\" otra definición nos indica que \"La Constitución es la ley fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público de esa nación\"

¿En qué se distingue una Constitución de una Ley?

Ambas la ley y la constitución tienen evidentemente una esencia genérica común. Una constitución para regir necesita de la promulgación legislativa, es decir que tiene que ser también ley, pero no es una ley como otra cualquiera: es algo más. Entre los dos conceptos no hay solo afinidad, hay desemejanza. Esta desemejanza que hace que la Constitución sea algo más que una simple ley.

La Constitución no es una ley cualquiera, es la ley fundamental del país. Una ley fundamental:

Ahonda más que las leyes corrientes.
Informa y engendra las demás leyes ordinarias basadas sobre ellas.
Es una fuerza activa que hace por un imperio de necesidad que todas las demás leyes e instituciones jurídicas vigentes en el país sean lo que realmente son de tal modo que a partir de ese instante, no puedan promulgarse en ese país aunque se quisiese otras cualesquiera.

Una Constitución o carta magna es el documento legislativo, expreso y formal, que emerge delas decisiones de una nación para crear y establecer el sistema político, los poderes supremos, sus instituciones de gobierno y las bases jurídicas que hacen imperar su obligatoriedad y observancia, que se consignan en normas creadoras de su organización y en las disposiciones que tutelan los bienes jurídicos de las personas físicas y morales.

De la lectura del artículo 16 se pueden leer las facultades que se le dan a la autoridad administrativa respecto a la posibilidad de revisar que se ha cumplido con las obligaciones fiscales en este caso.

Analizaremos desde el punto de vista fiscal este artículo en lo concerniente a nuestra materia e interactuando con las demás ramas del derecho, así el primer párrafo refiere lo siguiente:

\"Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...\"

De este párrafo se desprenden 4 ideas fundamentales que nos servirán para todas las autoridades administrativas.

Domicilio.

Papeles.

Mandamiento escrito de la autoridad competente.

Fundé y motive la causa legal del procedimiento.

Ahora analizaremos estas ideas para ir entrando en materia:

DOMICILIO.

Para el análisis de estos conceptos, analizaremos el derecho Federal Común. Usaremos el Código Civil Federal, en virtud del tema que estamos estudiando es de índole federal. El Código civil federal en su artículo 29 manifiesta:

29. Concepto de domicilio.

El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren.

Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses.

30. Domicilio legal

El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente.

32. Concurrencia de domicilios

Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquél en que se encontrare.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

16. Garantías de legalidad y procesales

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

REQUISITOS PARA LIBRAR ORDEN DE APREHENSIÓN

(1) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

PROCEDIMIENTO EN CASOS DE DELITO FLAGRANTE

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

DETENCIÓN DEL INDICIADO A CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

DECRETO DE ARRAIGO POR DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

DEFINICIÓN LEGAL DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

PLAZO CONSTITUCIONAL PARA LA DETENCIÓN DEL INDICIADO

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

REQUISITOS PARA LAS ÓRDENES DE CATEO

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

AUTORIZACIÓN PARA INTERVENIR COMUNICACIONES PRIVADAS

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

JUECES DE CONTROL

(2) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

PRÁCTICA DE VISITAS DOMICILIARIAS

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

ALOJAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO EN TIEMPO DE GUERRA

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Notas autorales:

( 1 ).- A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria correspondiente a la Reforma Penal, entrará en vigor a nivel nacional la reforma al presente párrafo para quedar como sigue. Arts. 2TR y 3TR del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DO de fecha 18-06-2008.

\"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.\"

( 2 ).- A partir de la entrada en vigor de la legislación secundaria correspondiente a la Reforma Penal, entrará en vigor a nivel nacional el presente párrafo. Arts. 2TR y 3TR del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DO de fecha 18-06-2008.

CPPDF 4 , 132-II , 154-I , 390 primero y segundo pfos. y 672 CPDF 293-I y IV LCDODF 15 LOPGJDF 3-IV y VIII CJM 452 y 508-II CPF 225-XX CFPP 123 últ. pfo. , 134 tercer y quinto pfos. , 142 últ. pfo. , 193 segundo pfo. y 367-III-Bis LAMP 37 LTMI 78 primer pfo. LFCDO 15 últ. pfo. LSN 34 RLOPGJDF 11 primer pfo. , 39-V, VI y VII , 48-VIII y 76-IV RLOPGR 18 LGS 428-I RLFAFE 10 CVPGR31 12a.-IV PNPED 1.2 DISJP 2-II AC75/08 Tr 4 LGSNSP 77-IV AC6/08 6 LiPDP 1o. RG16 II segundo pfo. y III antepenúlt. pfo. Puntos Finos Núm. 170 págs. 76-79

Así entiendo yo al derecho fiscal.